ART: sin cambios en el proyecto del Ejecutivo

Pese a críticas de la CGT, el Gobierno decidió mantener topes y doble vía excluyente. De este modo dejará intactos los puntos centrales de su proyecto

Fuentes oficiales confirmaron a este medio que mantendrá el tope de $90.000 para accidentes que sufran los empleados camino a su trabajo (in itinere) y además la opción excluyente de demandar a la aseguradora o iniciar juicio por vía civil.

Sobre los comités mixtos con la participación de sindicalistas, el ministro Carlos Tomada buscó tranquilizar a los empresarios: tendrán función de asesoría, pero sus determinaciones no serán vinculantes en la gestión.

El Gobierno mantendrá intactos los puntos centrales de su proyecto de ley de riesgos del trabajo a pesar de las críticas públicas que dio a conocer la CGT en las últimas semanas.

En concreto, fuentes oficiales confirmaron que se consagrará la denominada doble vía excluyente, como se conoce al sistema mediante el cual los trabajadores accidentados podrán elegir entre cobrar las indemnizaciones del sistema o iniciar un juicio por la vía civil, pero una opción descartará automáticamente la otra.

El proyecto del Ejecutivo también sostendrá el tope de $90.000 para los siniestros que se producen fuera de las fábricas y en el tránsito hacia o desde los lugares de trabajo (in itinere), un punto que no regirá en las otras reparaciones del sistema y que según la central obrera corre el riesgo de ser declarado inconstitucional por la Justicia.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, durante un foro del sector asegurador y un encuentro con empresarios, y otras fuentes oficiales se encargó ayer de poner fin a un período en que el Gobierno mantuvo el suspenso en torno de la iniciativa, y que coincidió con las primeras reacciones críticas de la CGT al contenido de la futura norma.

Los funcionarios consultados por Infobae, en tanto, indicaron que el Gobierno hará intentos por conseguir que el proyecto obtenga el consenso de la CGT y de las cámaras patronales, pero aclararon que en caso contrario el texto irá de todas formas al Congreso para ser tratado en los próximos días.

En un almuerzo en la Cámara de Comercio (CAC), Tomada debió contestar una batería de preguntas sobre el sistema de ART. La entidad comunicó que uno de los temas abordados fue la formación dentro de cada empresa de comités mixtos de prevención y seguridad, integrados por delegados de los sindicatos.

Sobre este punto, el funcionario aclaró que la norma no obligará a crearlos en compañías de menos de diez empleados, y si bien no dio precisiones sobre el número mínimo requerido de personal aclaró que los comités tendrán facultades de asesoría pero no vinculante. Es que las empresas temen que esos órganos se conviertan en un mecanismo de cogestión en los establecimientos.

En cuanto a los casos in itinere, dirigentes de la CAC y un comunicado de la entidad señalaron que Tomada confirmó que para esos accidentes habrá “un tratamiento especial que contemplará topes en los montos de indemnización”, tal como había anticipado semanas atrás Infobae.

La oficina de Prensa de la cartera laboral desmintió que el ministro haya hecho referencia al tema, pero este diario pudo ratificar en el Gobierno que el tope figurará en el proyecto.

También hubo versiones encontradas respecto del costo final que tendrá el futuro sistema: en el comunicado se destaca que según Tomada será de 3,5%, pero voceros del ministro negaron el tratamiento del asunto.

Aunque el almuerzo tuvo un clima distendido y las conclusiones fueron en general satisfactorias para los mercantiles, algunos empresarios aclararon que Tomada no logró despejar una preocupación: si el sistema cubrirá todas las contingencias, o si será necesario para los empleadores contratar un seguro adicional de responsabilidad civil para afrontar eventuales juicios.

Al inaugurar el Foro Nacional del Seguro, en tanto, Tomada indicó que más allá de las declaraciones públicas existe entre los sectores involucrados “un núcleo duro de acuerdos” respecto de la norma.

Temas de agenda empresaria
Además del proyecto de reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo, el ministro a cargo de la cartera laboral, Carlos Tomada, abordó con el titular de la Cámara Argentina de Comercio, Carlos de la Vega, un conjunto de temas que en la actualidad ocupan un lugar preponderante en la agenda empresaria.

En el almuerzo que se realizó en la sede de la cámara, se habló también de las perspectivas de conflictividad para 2007, el control del trabajo en negro, la regionalización de los salarios y las disputas de los sindicatos por el encuadramiento sindical de los empleados, fueron los principales temas que se trataron.

Según refleja un comunicado de prensa de la CAC, Tomada consideró que para el 2007, el Gobierno espera una baja conflictividad laboral debido a la previsión de la disminución de la inflación.

“En ese sentido, consideró que las negociaciones colectivas para el año entrante tendrán un tono moderado”, sostiene el comunicado. El abogado de la entidad, Pedro Etcheberri, señaló posteriormente que en la actualidad "se ha llegado a un punto de inflexión salarial”.

“Pienso que en adelante las reivindicaciones van a llegar por la apertura de negociaciones colectivas de condiciones de trabajo”, dijo distinguiendo las negociaciones encaradas hasta ahora que se dedicaron a solucionar aspectos salariales.

“Si bien las condiciones laborales son diferidas en el tiempo, tendrán mucha más incidencia sobre los costos que los salarios. Y puede complicar el objetivo del Gobierno de controlar la inflación", concluyó.